¿POR QUÉ ARDE BOLIVIA?
Tres semanas de movilizaciones contra el ajuste de Rodrigo
Paz tienen al país en una fase crítica, con medio centenar de bloqueos y un
saldo de siete muertos. Las claves de una revuelta popular que, tras el colapso
del MAS, todavía carece de dirección unificada.
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Ya pasaron tres semanas desde el inicio de las
movilizaciones y la revuelta popular en Bolivia entra en una fase crítica. La
noche del 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz dio una conferencia de prensa
de cincuenta minutos con el objetivo de calmar los ánimos. Apeló al diálogo con
los distintos sectores sociales y anunció algunas medidas. Mencionó cambios en
su gabinete (que no especificó) y un corredor humanitario para transportar
alimentos y combustible a la capital. También propuso un comité económico y
social mensual con representantes de los movimientos sociales. Ninguna solución
concreta para resolver el conflicto.
Tras dos días de relativa calma en las calles de la capital,
el 21 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una gran marcha «por la
democracia» en La Paz, que reunió a una multitud inmensa. El mapa del conflicto
se desplazó: lo que se concentraba en La Paz se extiende ahora a todo el país,
con cerca de cincuenta puntos de bloqueo en las principales rutas, que
paralizan el tránsito interdepartamental. Desde comienzos de mayo, Bolivia es
escenario de luchas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en el poder hace
apenas seis meses. Asistimos a una nueva escalada de las tensiones sociales,
con movilizaciones masivas y bloqueos de rutas, el cerco a La Paz y, ahora, el
pedido de renuncia del presidente.
El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de
campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país
contra la Ley 1720. Esa norma permite transformar la pequeña propiedad agrícola
en propiedad de mediana extensión y usarla como garantía hipotecaria, con el
fin de ampliar el mercado de tierras para el agronegocio. Después de
veinticuatro días de movilización, la marcha consiguió la derogación parcial de
la ley: una primera victoria importante frente a los proyectos del gobierno y
la voracidad del agronegocio.
El 1 de mayo, la COB convocó una huelga general y se
montaron quince bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz, lo que
dificultó el tránsito y perturbó el abastecimiento de la capital. El frente de
movilización reúne a campesinos e indígenas, a la COB, a los mineros (FSTMB) y
las cooperativas mineras, al magisterio, a los trabajadores del transporte
público, a las juntas vecinales de El Alto, al estudiantado, a los «ponchos
rojos» aimaras, al personal de salud, a pequeños comerciantes urbanos y a los
cocaleros del Chapare y de los Yungas. Todos presionan al gobierno para que
derogue las medidas de austeridad de los últimos meses y resuelva la persistente
escasez de gasolina y diésel, en un contexto de fuerte aumento del costo de
vida. El descontento pasó de los reclamos locales a un sentimiento
antigubernamental más general, que exige la renuncia del presidente.
El gobierno y la embajada de Estados Unidos, secundados por
los medios, presentan todo esto como «el conflicto de Evo», que estaría
manipulando a las masas. En los hechos, cada sector tiene sus propias
reivindicaciones. La COB se opone al cierre de las empresas públicas y exige un
aumento salarial del 20 %. El magisterio reclama más presupuesto para la
educación. El transporte pesado pide combustible de calidad y una indemnización
por los daños que causó la gasolina adulterada. Sectores próximos a Evo también
se movilizaron para reclamar el fin de procesos judiciales que consideran
injustos. Quienes hoy se manifiestan y piden la renuncia de Paz son los mismos
que lo votaron en octubre de 2025, convencidos por sus promesas de «capitalismo
para todos».
Seis meses de gobierno neoliberal
Cuando Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025, encontró un
país con una inflación del 20,4 % y un déficit fiscal del 12 % del PBI, con las
reservas internacionales en mínimos históricos. Un país productor de petróleo y
gas que importa más del 80 % del diésel y el 60 % de la gasolina que consume.
Un Estado débil, muy dependiente del gran capital, golpeado por la crisis
económica heredada del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y por el fin del ciclo
político del Movimiento al Socialismo (MAS). La disputa interna entre Arce y
Evo Morales se tradujo en un voto castigo contra el MAS, que gobernó durante
dos décadas.
El gobierno de Paz, visto por la mayoría en las últimas
elecciones como una opción de derecha moderada frente al candidato conservador
Tuto Quiroga, reveló su subordinación de clase al proponer un programa
económico al servicio del gran capital (los empresarios mineros y del
agronegocio) y de las transnacionales. Apenas iniciado su mandato, anunció el
restablecimiento de las relaciones oficiales con Estados Unidos y la reapertura
de la embajada estadounidense en La Paz, el restablecimiento de las relaciones
con Israel (rotas en 2023 por el genocidio en Gaza) y contratos sobre el litio
con empresas transnacionales.
Frente a un Estado quebrado por la mala gestión y la
corrupción, la receta neoliberal que Paz intenta aplicar es conocida: reducir
al máximo el gasto del Estado y sus obligaciones sociales (educación, salud,
transporte público) y trasladar el peso de la crisis a la clase trabajadora, al
tiempo que favorece al capital.
La Ley 1720, anticampesina y antiindígena
Con el pretexto de facilitar el acceso al crédito de los
pequeños productores, la Ley 1720, promulgada el 17 de abril, permite
transformar la pequeña propiedad agrícola (hasta ahora protegida por la
Constitución como patrimonio familiar inembargable) en una propiedad de mediana
extensión susceptible de crédito, mediante la modificación de la Ley INRA que
define el régimen de tierras. Esto implica una precarización de la pequeña
propiedad, que podrá funcionar como garantía hipotecaria y abre el camino a la
mercantilización de la tierra. La norma se conoce también como ley Marinkovic,
por el gran terrateniente, hoy senador, que la impulsó y que se apropió de
33.000 hectáreas en la Chiquitania durante el gobierno de facto de Áñez, en
2020.
En Bolivia, el 50 % de la población rural vive en la
pobreza, y la agricultura familiar produce el 87 % de la canasta básica y
emplea al 89 % de la mano de obra rural. La ley prevé además congelar por diez
años los mecanismos de verificación de la función económica y social de la
tierra, es decir, dejar de controlar su uso, lo que acelera el mercado privado
de tierras.
La medida afecta de modo indirecto a los territorios
indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales que practican el
monocultivo con pesticidas y una deforestación acelerada, ven dañado su
entorno. La Constitución exige consultas previas antes de adoptar este tipo de
medidas, y esas consultas nunca ocurren. Por eso las comunidades indígenas y
campesinas recurrieron a su método tradicional de lucha: marchar a la capital
para exigir la derogación.
Para las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, el
territorio es todo: el lugar donde se nace y se vive, donde se produce y se
resiste, donde la vida y la cultura se perpetúan. Marchas de casi mil
kilómetros partieron de la Amazonía boliviana hacia La Paz, mientras los
bloqueos cercaban la capital administrativa. Después de veinticuatro días,
lograron que el Parlamento aprobara la derogación parcial de la Ley 1720, con
la posibilidad abierta de que se reintroduzca más adelante. Es, en lo
fundamental, una primera gran victoria frente al gobierno.
Las respuestas del gobierno al conflicto
Frente al conflicto, el gobierno de Paz reaccionó por tres
vías.
La primera fue negociar acuerdos para dividir el movimiento,
con concesiones a algunos de los sectores movilizados. Negoció con el
importante sector de las cooperativas, que logró anular una deuda de 95
millones de bolivianos con la Caja Nacional de Salud y conservar el subsidio al
combustible para su actividad. También negoció con el magisterio y con la COR
de El Alto, y firmó un acuerdo con los dirigentes de los «ponchos rojos» de La
Paz. Esos sectores se retiraron de a poco del conflicto. En algunos casos, las
bases repudiaron a sus líderes por haber firmado.
La segunda fue la represión severa contra manifestantes y
bloqueadores. Ya se cuentan cuatro muertos, además de heridos y numerosos
detenidos. El gobierno dictó órdenes de detención contra los principales
dirigentes de la COB, como Mario Argollo. Envió al ejército a levantar los
bloqueos: las fuerzas militares lo intentaron el domingo 18 de mayo y, ante la
resistencia, la policía y el ejército retrocedieron y volvieron a sus
cuarteles. El gobierno recibió apoyo en material represivo de otros gobiernos
neoliberales, como los de Argentina y Ecuador, con químicos antidisturbios para
la policía. La OEA e Israel se pronunciaron a favor de Paz. El presidente
colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador del conflicto social, y Paz
lo acusó de injerencia en los asuntos internos: los dos países interrumpieron
sus relaciones.
La tercera fue una intensa campaña de propaganda, del
gobierno y del imperialismo, que atribuye las protestas a Evo Morales y al
narcotráfico para alimentar la idea de una desestabilización nacional. La
prensa burguesa boliviana y extranjera difunde con amplitud ese discurso, que
coincide con la justificación de las intervenciones militares estadounidenses
en el cono sur. Que las movilizaciones sean fruto de una conspiración de Evo no
lo cree nadie, ni siquiera los círculos conservadores. Ese relato sirve igual
para aumentar la presión y para amenazar con una futura captura del
expresidente. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, insistió en que hay
políticos que buscan tomar por la fuerza lo que no ganaron en las urnas y
sostuvo que el gobierno no permitirá que el narcotráfico se apodere del país ni
que Bolivia quede rehén de políticos del Chapare aliados al tráfico de drogas.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) es hoy objeto de
órdenes de detención y de un proceso judicial por trata de menores, acusaciones
que denuncia como persecución política. Permanece en la región del Chapare
(Cochabamba), principal bastión cocalero del país, protegido por un grupo de
militantes, mientras miles de simpatizantes denuncian un intento de eliminar su
influencia política. En su programa semanal en la radio Kawsachun Coca, Morales
propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el argumento de
que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores afines a Evo y de
la COB respaldaron la propuesta; el presidente la rechazó de plano.
Noticias de último momento
La cuarta semana de movilizaciones será decisiva. La escasez
de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los
bloqueos y la falta de combustible. La manifestación del lunes 25 de mayo,
convocada por la COB y la Central Sindical Campesina, reunió a miles de
manifestantes y campesinos llegados de todas las provincias del departamento de
La Paz, que después regresaron a sus comunidades.
El 26 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley
que deroga la Ley 1341 de 2020 sobre el estado de excepción, que acotaba su
aplicación con plazos específicos y un control legislativo más estricto. La nueva
norma le permite al gobierno declarar con mayor facilidad el estado de
excepción (previsto en la Constitución), intensificar la represión sin aval del
parlamento y movilizar a las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones y los
bloqueos.
El riesgo de detención se confirma para Evo en el mediano
plazo. En una conferencia del 24 de mayo, Paz declaró que el expresidente
terminará siendo llevado ante la justicia y que ese es un compromiso de su
gobierno. Es probable que eso ocurra recién tras la resolución de la crisis,
para no echar más leña al fuego. Conviene recordar que Paz adhirió a la
iniciativa estadounidense «Escudo de las Américas», en cuyo marco Estados
Unidos y doce países latinoamericanos habilitan la intervención militar de
Washington contra el narcotráfico.
El 27 de mayo, el gobierno organizó el primer encuentro del
Consejo económico y social con representantes de los movimientos sociales, en
un intento de abrir más el diálogo. La Iglesia católica se puso a disposición
del Comité Cívico de Santa Cruz para mediar en las negociaciones con los
sectores movilizados. En contacto telefónico con Paz, el presidente Lula pidió
respeto por las instituciones democráticas y dispuso el envío de ayuda
humanitaria a Bolivia.
¿Qué perspectivas tiene el conflicto?
Este conflicto muestra que el gobierno no cuenta con apoyo
social de base. La burguesía lo sostiene por falta de alternativa. La clase
media urbana y, en particular, su juventud (los «pititas», que tuvieron un
papel destacado en el conflicto de 2019) no logró por ahora unificarse. El
agronegocio de Santa Cruz está a favor de Paz y no moviliza. Hay un deterioro
real y veloz de la legitimidad del presidente, que había prometido estabilidad
y recuperación económica, expectativas falsas e imposibles de cumplir. En
cierto modo, Paz es víctima de su propio juego.
El gobierno no descarta decretar el estado de sitio, y a la
vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón sin salida. La dinámica
del conflicto sigue abierta: varios sectores volvieron a sus bases y otros se
sumaron a la movilización, que se mantiene bajo la dirección de la COB y se
expande por el país, en coordinación con sectores que tienen sus propias
agendas regionales y locales.
Tras el reciente colapso del MAS, el movimiento popular boliviano carece de una dirección unificada que oriente la construcción de nuevas propuestas políticas. Las movilizaciones actuales, y la larga tradición de lucha de clases en Bolivia (de la revolución obrera de 1952 a las guerras del agua y del gas), siempre reservaron sorpresas y mostraron un carácter profundamente antiimperialista, junto a una enorme capacidad de resistencia y recuperación. De esas luchas deberán surgir los liderazgos para construir un nuevo bloque político en el escenario pos-Rodrigo Paz. Hace falta una nueva generación capaz de unir a los sectores sociales en torno a un proyecto nacido de la base y controlado por ella, un bloque político con propuestas renovadas, de orientación antiimperialista y anticapitalista. <>
